- Por: Paíno Abreu Collado
- En: Opinión
- 18 septiembre 2018 8:11 pm
Preocupados ante las constantes violaciones a los principios fundacionales, al ordenamiento estatutario y al boschismo (teoría oficial del Partido de la Liberación Dominicana), compañeros de diferentes niveles jerárquicos nos hemos unido en una corriente de pensamiento que busca retornar el PLD a su propia legalidad, restaurándole la institucionalidad secuestrada por un Comité Político (CP) que siendo tan solo el organismo ejecutivo del Comité Central (CC), en la práctica lo ha sustituido.
En cascada indetenible el CP del PLD prácticamente ha violado todas y cada una de las funciones que está llamado a cumplir y respetar. Comenzando por su obligación de tomar las medidas que aseguren el cumplimiento de las tácticas generales acordadas por el Comité Central, para lograr los objetivos estratégicos establecidos por el Congreso. Albergo profundas dudas de que muchos de los miembros del CP, empeñados en mantener posiciones y privilegios personales (o de alcanzarlos), estén conscientes de cuales son los objetivos estratégicos del PLD y las tácticas necesarias para alcanzarlos.
Continuando el encadenamiento de violaciones, ahí está el tema de los reglamentos aprobados, que no hay forma de que el CP los haga cumplir; de igual manera, nadie ve un trabajo diligente del CP encaminado a crear bases sólidas de relaciones con otras organizaciones políticas para impulsar pactos que conduzcan al desarrollo sostenible de nuestro país. Por el contrario, un tema de tanta trascendencia ha sido manejado de forma puramente electoralista y cuando las alianzas ocurren es solo a cambio de cuotas de poder, es decir, meros puestos en el Gobierno y sin provecho alguno para el pueblo.
El CP tiene autorización para tomar ciertas decisiones siempre y cuando informe de ellas al Comité Central, máximo organismo de dirección del PLD entre Congreso y Congreso, el cual debe ser reunido cada seis meses, pero a ellos ese mandato-obligación “les importa un bledo”.
La declaración de principios en el que se sustenta el funcionamiento orgánico del PLD ha sido usada para trapear el piso con ella, empezando por aquella cuya violación se constituye en pecado mortal entre peledeístas: la unidad partidaria. A la vista de todos se han constituido grupos de poder para acordar y manipular decisiones; la base de la disciplina partidaria, que era el respeto a los métodos de trabajo, ya no existe y al CP le da lo mismo, porque al parecer sus miembros piensan que son el Partido y que el Partido son ellos.
Los organismos del PLD ya no se reúnen y por tanto ya no establecen ni cumplen planes de trabajo, y para qué si el CP no escucha a nadie, ni siquiera cumple las Resoluciones de sus organismos superiores: el Comité Central y el Congreso.
En el PLD la dirección de los organismos debe escogerse previa evaluación de sus miembros, lo que no se hace; y de igual manera, deben rendir cuentas, pero ¿ante quién? si los organismos superiores no funcionan; así mismo, nadie consulta a las bases, la unificación de criterio pasó a la historia, la dirección colectiva y la división social del trabajo desaparecieron, y todo como si nada hubiera pasado.
Lo dicho hasta aquí indica que el boschismo -ejemplo cimero de actitud correcta ante la vida- que como bandera de moralidad política hoy en día hasta los contrarios enarbolan, desgraciadamente no está siendo aplicado como la teoría oficial del PLD aprobada en el VIII Congreso. Luego, por cuestión de principio, es un derecho y es un deber de todo verdadero peledeísta -que los hay y muchos- hacer todo lo que esté a su alcance para revertir tal situación.
Es por ello que ha surgido la Corriente Institucionalista del PLD, para rescatar el pedeismo histórico, cuya misión señalada por el Maestro es completar la obra de Juan Pablo Duarte.
Hasta ahora, este movimiento interno ha reclamado cuestiones muy concretas como la necesidad de que se convoque al IX Congreso Ordinario para, entre otras cosas, evaluar el incumplimiento de las Resoluciones del VIII Congreso, hacer la normal revisión y adecuación de los Estatutos y escoger las nuevas direcciones medias, el nuevo Comité Central y el nuevo Comité Político, cuyos dirigentes perímen en enero próximo al completar los cinco años de mandato. Una solicitud formal en tal sentido, mediante comunicación del pasado 19 de abril, fue hecha al CP por la Corriente Institucionalista.
La necesidad del IX Congreso es ahora más imperiosa que nunca dado los plazos y mandatos establecidos por la nueva de Ley de Partidos Políticos y el cumplimiento de los procesos reglamentados por la Junta Central Electoral. Además, si el CC cambia la forma de escoger candidatos, que en el PLD siempre ha sido en primarias internas (cerradas), entonces la modificación estatutaria se hace imprescindible, lo cual solo puede hacer el Congreso.
Debido a que el CP no se dio por aludido y no hizo caso a la inquietud de la Corriente Institucionalista, el movimiento decidió intimar mediante Acto Ministerial 694-18 tanto al Presidente y al Secretario General como a todos los miembros del CP, para que conocieran y dieran respuesta a la solicitud. Sin embargo, de nuevo el Comité Político se torna ciego, sordo y mudo para no cumplir los mandatos estatutarios del Partido.
Advertimos, no obstante, que la Corriente no descansará y prontamente podría depositar una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el propósito de hacer valer nuestros derechos y obligar al CP a convocar el IX Congreso del PLD, so pena, que a partir de enero próximo nuestro Partido pueda vivir procesos anarquizantes al romperse el ordenamiento jurídico que nos dejaría con una dirección de facto.
Tomado de Vanguardia del Pueblo.
